PRIMERA. Prevalencia de las normas de contratación pública

Esta disposición complementaria final establece una regla de jerarquía normativa fundamental: la Ley 32069 tiene prevalencia sobre las normas generales del procedimiento administrativo, sobre disposiciones de derecho público y sobre las normas de derecho privado que resulten aplicables a la contratación pública. Esto significa que, ante un conflicto entre la Ley de Contrataciones Públicas y otra norma general, se aplica primero la ley especial de contrataciones. Sin embargo, el artículo contempla tres excepciones importantes que todo postulante al examen OECE debe dominar. Primero, los procedimientos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones Públicas no se rigen por esta regla de prevalencia. Segundo, tampoco aplica a los procedimientos sancionadores del OECE contra instituciones arbitrales y centros de administración de mecanismos de prevención y resolución de disputas. Tercero, los contratos estandarizados se rigen por sus propias cláusulas, no por esta prevalencia general. Además, la norma aclara que los regímenes especiales de contratación pública (como los de empresas estatales con regímenes propios) solo aplican la Ley 32069 de manera supletoria, es decir, cuando no exista incompatibilidad con sus normas especiales, aunque siempre deben respetar los principios generales de la ley. Finalmente, el segundo numeral precisa que la conciliación y el arbitraje en contratación pública tienen una regulación especial propia en la Ley 32069 y su reglamento, y solo de manera supletoria se aplican las leyes generales de arbitraje y conciliación. Esto es relevante porque muchos confunden el régimen arbitral de contrataciones con el régimen arbitral comercial general.