VIGÉSIMA OCTAVA. Reglamentación

Este artículo establece el mecanismo formal mediante el cual se aprueba el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. Señala que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de un decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, desarrollar las normas reglamentarias que hacen operativa la ley. Este proceso debía completarse dentro de un plazo de ciento ochenta días calendario contados desde la publicación de la ley, lo cual demuestra la importancia de contar con un marco normativo complementario antes de la plena aplicación del sistema de contrataciones. El artículo también anticipa la estructura que tendrá dicho reglamento, indicando que se organizará en títulos diferenciados según los tipos de procesos de contratación y sus modalidades específicas. Esto es relevante para los operadores del sistema, ya que significa que no existirá un tratamiento uniforme para todos los procedimientos, sino reglas adaptadas a las particularidades de cada tipo de contratación, ya sea bienes, servicios, obras o consultorías. Para los estudiantes que se preparan para el examen OECE, comprender este artículo es fundamental porque explica la relación jerárquica entre la ley y su reglamento. La ley establece los principios y disposiciones generales, mientras que el reglamento desarrolla los aspectos operativos: procedimientos específicos, requisitos documentarios, plazos detallados y condiciones particulares de aplicación. Esta distinción es clave para interpretar correctamente cualquier situación práctica en contrataciones públicas, ya que muchas veces la respuesta a un caso concreto no está en la ley misma sino en su reglamento. Además, conocer el plazo de ciento ochenta días permite entender el proceso de transición normativa que se produce cuando entra en vigencia una nueva ley de contrataciones, y por qué durante ese periodo pueden coexistir normas de distintos regímenes legales.