PRIMERA. Regímenes especiales de contratación

Esta disposición complementaria final regula los llamados regímenes especiales de contratación, es decir, sistemas de compras públicas que se apartan del procedimiento general de la Ley 32069 pero que igual deben cumplir un mínimo de reglas comunes. Se trata de regímenes creados mediante normas con rango de ley (por ejemplo, para sectores específicos como salud, defensa o proyectos de infraestructura), que necesitan contar previamente con opinión favorable de la Dirección General de Abastecimiento (DGA), salvo el caso especial de Proinversión, que queda exceptuado de este requisito. Esto afecta directamente a las entidades públicas que buscan crear o modificar un régimen especial, así como a los proveedores que participan en ellos, porque deben conocer que, aunque el procedimiento sea distinto, ciertas garantías básicas siempre se mantienen. El artículo detalla seis elementos obligatorios que todo régimen especial debe incorporar: sujeción a los principios de la Ley y a los acuerdos comerciales internacionales, obligatoriedad de inscripción en el RNP (salvo excepciones justificadas), registro de actos en la Pladicop, aplicación de los impedimentos del artículo 30, un régimen propio de infracciones y sanciones con autoridad competente definida, y un mecanismo de solución de controversias tanto en la selección como en la ejecución contractual. Esto es relevante porque evita que los regímenes especiales se conviertan en espacios sin control ni transparencia, manteniendo un núcleo de reglas uniformes en todo el sistema de contratación pública peruano. Finalmente, se establece que la DGA debe publicar y actualizar el listado de regímenes especiales en la Pladicop, pudiendo solicitar información a las entidades bajo responsabilidad, y que cualquier modificación a un régimen especial ya existente requiere nuevamente opinión previa favorable de la DGA, con sustento técnico. Para el estudiante que se prepara para el examen OECE, es clave entender que estos regímenes no son una vía para evadir la normativa general, sino mecanismos regulados que conviven con ella bajo supervisión de la DGA.