DUODÉCIMA. Remisión de información a la Contraloría General de la República

Esta disposición complementaria final establece un mecanismo de coordinación entre los organismos que administran el sistema de contrataciones públicas y el órgano superior de control del Estado. El OECE y Perú Compras tienen el deber de informar a la Contraloría General de la República cuando, en el ejercicio de sus funciones, detecten indicios razonables de perjuicio económico, afectación a la prestación de servicios estatales, comisión de delitos o infracciones administrativas graves o muy graves. No se trata de una facultad discrecional, sino de una obligación legal que busca activar oportunamente los mecanismos de control y sanción correspondientes. Adicionalmente, el artículo impone al supervisor de obra una obligación específica y bajo responsabilidad: remitir información sobre la ejecución de la obra cuando la Contraloría lo solicite, siguiendo los lineamientos que dicho organismo establezca mediante directiva. Esto significa que el supervisor no puede negarse ni demorar injustificadamente esta entrega de información, pues su incumplimiento genera responsabilidad funcional. Un punto clave que los estudiantes deben comprender es que esta obligación de remitir información no paraliza el plazo de ejecución de la obra. Es decir, el hecho de que la Contraloría solicite documentación o realice control simultáneo no constituye una causal de ampliación de plazo ni suspende las obligaciones contractuales del contratista o del supervisor. Esta precisión es fundamental para entender la relación entre los mecanismos de control gubernamental y la ejecución contractual, evitando que se use el requerimiento de información como excusa para dilatar los tiempos de obra. En conjunto, el artículo refuerza la articulación entre los actores del sistema de contrataciones y el sistema nacional de control, garantizando transparencia y trazabilidad en la información relevante para la fiscalización estatal.