OCTAVA. Profesionalización de los compradores públicos

Esta disposición complementaria final de la Ley 32069 establece el marco institucional para profesionalizar a los compradores públicos, es decir, a los funcionarios y servidores que participan en los procesos de contratación estatal. La norma asigna responsabilidades compartidas entre la Dirección General de Abastecimiento (DGA) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), quienes deben diseñar progresivamente diagnósticos de conocimientos, perfiles de puestos estandarizados, programas de capacitación y rutas de incorporación al régimen del servicio civil. Un aspecto clave para el estudiante OECE es entender que la profesionalización no es un proceso inmediato, sino gradual, articulado mediante una estrategia nacional que evaluará el estado actual de las competencias existentes e involucrará a las partes interesadas del sistema de abastecimiento. Además, la norma asigna un rol de supervisión a la propia entidad contratante, que debe verificar el cumplimiento de estas disposiciones dentro de su organización, reforzando así una responsabilidad interna y no solo externa. Otro punto relevante es la participación del OECE, que junto con la DGA determina los componentes específicos de esta profesionalización, incluyendo la certificación de los compradores públicos, un tema directamente vinculado con los exámenes que evalúa el propio OECE. Finalmente, el artículo introduce una dimensión de coordinación interinstitucional al establecer capacitaciones conjuntas con la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General de la República, dirigidas a quienes ejercen defensa jurídica y control gubernamental, con el objetivo de generar predictibilidad en la aplicación de la ley. Esto es relevante porque muestra que la profesionalización no se limita al comprador público, sino que busca coherencia en toda la cadena de actores que intervienen en la contratación pública, desde su ejecución hasta su fiscalización y defensa legal.