SÉPTIMA. Contrataciones de las empresas del Estado

La Disposición Complementaria Final SÉPTIMA de la Ley 32069 establece un régimen especial para las empresas del Estado que producen bienes o prestan servicios, permitiéndoles adquirir los insumos que utilizan directamente en sus procesos productivos a través de proveedores nacionales o internacionales, bajo condiciones distintas a las de una entidad pública común. Esta contratación se realiza a precios de mercado y mediante el procedimiento que defina el reglamento, pero solo procede cuando existe una situación de escasez debidamente acreditada por el titular de la entidad. Un punto clave es que esta exigencia de acreditar escasez no aplica a todas las empresas estatales por igual. Cuando la naturaleza de la actividad empresarial requiere un abastecimiento periódico o continuo de insumos, bienes o servicios, incluso si la entrega se hace en un solo acto, la empresa puede contratar sin necesidad de demostrar escasez previa. Esto reconoce que ciertos rubros productivos, como los industriales o extractivos, dependen de flujos constantes de insumos que no pueden sujetarse a procedimientos ordinarios de contratación pública sin afectar la continuidad operativa. La norma también dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante resolución ministerial, debe establecer la lista específica de insumos considerados directamente vinculados a los procesos productivos de cada empresa estatal. Esto evita la discrecionalidad de las propias empresas para definir qué insumos califican bajo este régimen especial, otorgando control centralizado y predictibilidad normativa. Para quienes se preparan para el examen OECE, es importante entender que esta disposición constituye una excepción justificada al régimen general de contrataciones, pensada para no entorpecer la operatividad productiva de las empresas públicas que compiten o participan en mercados donde la rapidez y continuidad del abastecimiento son esenciales.