SÉPTIMA. Declaratoria de desiertos de seguros patrimoniales

Esta disposición complementaria final del Reglamento de la Ley 32069 regula un escenario específico y poco común en las contrataciones públicas: qué sucede cuando un procedimiento de selección para contratar seguros patrimoniales se declara desierto por falta de postores. En ese contexto, la Ley permite que la entidad contratante recurra a un mecanismo excepcional previsto en el literal n) del numeral 7.1 del artículo 7, que habilita la contratación directa con una aseguradora, incluso si esta opera desde el extranjero. La norma establece los seis requisitos mínimos que dicha empresa aseguradora extranjera debe cumplir para garantizar que la entidad pública no asuma riesgos financieros innecesarios. Estos requisitos abarcan desde la solidez del país donde está constituida la aseguradora, hasta su capacidad comprobada de pagar obligaciones en moneda de libre convertibilidad sin restricciones legales. También exige que cuente con supervisión de una autoridad competente y con una clasificación de riesgo vigente y reciente, no mayor a doce meses. Esta disposición es relevante para funcionarios de abastecimiento, órganos encargados de las contrataciones (OEC) y comités de selección que deban resolver la contratación de seguros patrimoniales —como los que cubren edificios, infraestructura o bienes estatales— cuando el mercado local no responde a la convocatoria. Comprender estos requisitos es importante porque evita que el Estado contrate con aseguradoras extranjeras poco solventes o sin respaldo regulatorio adecuado, lo cual podría comprometer el pago de indemnizaciones ante un siniestro. Para el examen OECE, este artículo es clave porque conecta dos temas distintos: la declaratoria de desierto como causal habilitante y los requisitos técnicos-financieros que debe verificar la entidad antes de formalizar una contratación excepcional con proveedores internacionales del rubro asegurador.